Informe realizado partiendo de una amplia encuesta a las principales empresas españolas para recoger su punto de vista y las posibles demandas sobre la entrada en vigor de la Normativa europea NIS y su transposición a la legislación española, así como las posibles consecuencias en el desarrollo de su actividad.

Han participado medio centenar de grandes empresas de, entre otros, los sectores de Telecomunicaciones y Servicios Digitales, Energía, Suministro de Agua, Banca, Seguridad, Sanitario, Infraestructuras o Transportes.

 Esta jornada es continuación del ciclo de conferencias y seminarios sobre “Transformación digital, seguridad y globalización”, organizados por la Fundación ESYS. Durante la jornada se ha debatido sobre el papel de España y Europa en el contexto global del cambio tecnológico, y cómo afecta este cambio a la seguridad de las empresas y de los ciudadanos. En el evento se han dado cita tecnólogos, empresarios, directivos, políticos, representantes de la judicatura y la fiscalía, diplomáticos, periodistas y representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

El Estudio responde a la necesidad real de analizar las importantes novedades que incorpora el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos que tendrán un impacto significativo para las empresas españolas, así como de identificar aspectos de posible ambigüedad e incertidumbre jurídicas que deberían ser aclarados. En definitiva, poner de relieve las principales cuestiones que el Reglamento puede suscitar para las empresas.

El estudio tiene como objeto analizar el uso de la Videovigilancia en las funciones de la Seguridad Privada, especialmente en lo que respecta a las contradicciones o dificultades legales que se presentan en su uso cotidiano. 

La Fundación ESYS ha realizado este estudio ante el convencimiento de que existe una necesidad real de aclaración ante situaciones de posible ambigüedad legal.

El estudio pretende arrojar luz sobre las actuaciones relacionadas con el uso de la llamada Videovigilancia por parte de las empresas en su utilización como medida de autoprotección, tanto por parte de las empresas que prestan servicios de operación o instalación de medios de Videovigilancia como de las empresas usuarias de estos servicios y, en general, sobre la percepción de estos sistemas por parte de los ciudadanos.